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Un MACCIH con “Moxie”

El 19 de enero, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar un cuerpo que investigará políticos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad in temas de corrupción e impunidad.

Parecida a la CICIG, una entidad apoyada por las Naciones Unidas en Guatemala que recientemente presento acusaciones contra un actual presidente y vice presidente, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), tiene como propósito hacer lo que fiscales y jueces débiles no han podido hacer – erradicar la corrupción en instituciones públicas infectadas por el crimen organizado.  Que la misión sea eficaz depende tanto del apoyo del ciudadano común como el de la élite política. 

Recientemente, Honduras parece haber tocado fondo.  Es uno de los países más pobres in Latinoamérica con un ingreso nacional bruto per cápita como de $2,300 anuales.  Durante los últimos 15 años, el crimen violento ha aumentado hasta el punto que el país ha tenido la cifra de homicidio más alta del mundo por tres años seguidos, según las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  Las zonas rurales se han llenado de pistas de aterrizaje clandestinas usadas por narcotraficantes internacionales.  Gobiernos sucesivos han reorganizado varias veces las fuerzas de seguridad con el fin de eliminar la mala gestión y los elementos criminales, y sin duda estas reorganizaciones continuarán.  El año pasado, el gobierno imputó a miembros de una de las familias más prominentes del país por evasión de impuestos, tras lo cual los Estados Unidos los imputó por lavado de dinero relacionado con narcotráfico.  Aun el acuerdo de establecer la MACCIH sigue una controversia en la cual el Presidente Hernández admitió que su campaña electoral se benefició de unos $300 millones que faltan del instituto de seguro social del país, aunque el presidente niega haber estado involucrado en ningún delito. 

El año pasado,  consultas entre la OEA, el gobierno hondureño, y partes interesadas de la sociedad civil produjeron una propuesta débil que, en varias iteraciones, crearía un cuerpo internacional para dar consejo, mas no participar en los procesos fiscales.  Aun así, la propuesta tenia algunos aspectos positivos.  El respetado Centro de Estudio de Justicia de las Américas, basado en Chile, proveería algunas recomendaciones para reformarla.  Un mecanismo de seguimiento le ayudaría a Honduras a cumplir con la Convención Interamericana contra la Corrupción.  Un estudio de seguridad publica le daría un monitoreo a los informes de seguridad ciudadana. Y un observatorio de sociedad civil le daría seguimiento al progreso de los casos de corrupción. 

El documento que el Presidente Hernández finalmente firmó terminó siendo más robusto.  La MACCIH tendrá acceso a documentos y archivos, tanto como poderes investigativos.  El Secretario General de la OEA designa el Jefe de Misión (actualmente ha sido designado el ex primer ministro peruano Juan Jiménez), quien responderá a la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA.  Los jueces y expertos internacionales trabajando en la MACCIH serán escogidos por la misma Misión, y ellos a su vez, seleccionaran y certificaran a un grupo de fiscales y jueces hondureños quienes tomaran cargo de la investigación y prosecución de casos significativos de corrupción. 

Un posible inconveniente es la discusión de un modesto presupuesto de $2 millones por año.  Por comparación, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) recibe aproximadamente $12 millones por año.  Quedan en la cuerda $750 millones en asistencia estadounidense para los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, para mejorar la seguridad ciudadana, estimular desarrollo económico y reducir presiones migratorias. 

En principio, las democracias no deben necesitar una intervención externa para mantener a sus sistemas judiciales por el buen camino.  Pero si lo acogen por propia voluntad para capear un temporal, pues entonces, una mano amiga tiene sentido.  Otras jurisdicciones con preocupaciones de corrupción más profundas, tal como ciertos estados Mexicanos, Nicaragua y Venezuela (en último lugar en el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial) deberían tomar nota. 

Honduras no logrará un éxito de un día para otro.  Guatemala entusiásticamente acogió la CICIG en 2006 y vio resultados solo incrementalmente.  Además, la CICIG parecía periódicamente estar al punto de la extinción al tiempo de la renovación del mandato.  Afortunadamente, la MACCIH cuenta con el respaldo del Secretario General de la OEA Luis Almagro – hasta el momento, un declarado defensor de la democracia y los derechos humanos.  Aun así, los ciudadanos hondureños necesitarán estar mejor informados y desarrollar nuevas expectativas de su sistema judicial.  Y la clase política del país tendrá que decidir qué clase de futuro seguirán – ojala uno que ofrezca estado de derecho, prosperidad, y oportunidad para todos sus ciudadanos.  Solo así podrá la MACCIH tener “moxie”, en ingles neoyorquino un homófono del acrónimo de la Comisión, que coloquialmente quiere decir agallas

Posted by

Stephen Johnson

Division Director, Latin American and the Caribbean