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Elecciones como acción de reforma: Contexto Panameño

Panamá elegirá un nuevo presidente junto con 860 otros cargos entre diputados y representantes, el 5 de mayo de 2019. la corrupción y la educación han sido las principales preocupaciones que caracterizan a estas elecciones, al igual que la desconfianza ciudadana y la necesidad de una mayor participación ciudadana.

El proceso electoral en Panamá no solo significa ejercer un derecho y un deber ciudadano, sino que también representa la oportunidad de “reforma”. Fue a través de unas elecciones en 1989 que el pueblo panameño dijo alto a la dictadura y abrió el camino para la etapa democrática en que vive el país. Después de 30 años de vivir en democracia el contexto actual exige el mismo o mayor nivel de responsabilidad y compromiso de parte de los panameños para lograr las múltiples reformas que demanda la sociedad en las instituciones ante los múltiples escándalos de corrupción que ha tenido el país en los últimos años.

El IRI fue parte de la delegación de observación electoral de tres de las seis elecciones que ha tenido Panamá en su vuelta a la democracia (1989, 1994 y 2014); la primera, caracterizada por la interferencia del gobierno, la violación de derechos humanos y limitación de la libertad de prensa y otras acciones perpetradas por un régimen militar que se resistía a dejar el poder; la segunda, se vio caracterizada por el triunfo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), relacionado a los militares, pero manteniendo el sistema democrático. Por último, las elecciones de 2014 dejaron en evidencia algunas reformas necesarias, como el financiamiento de las campañas donde se establecieron límites de donaciones privadas y distribución de los subsidios del Estado a las campañas, los límites de tiempos de campaña y la contratación de publicidad. Algunas de estas fueron incluidas en las reformas del Código Electoral aprobadas en 2017.

En las próximas elecciones, a celebrarse este domingo el 5 de mayo, Panamá estará eligiendo 861 cargos de elección - 1 presidente con su vicepresidente, 71 diputados de la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 679 Representantes de corregimiento y 9 concejales. También estará eligiendo indirectamente la posibilidad de reformar la constitución. Estas elecciones importantes se darán en un contexto de desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema gubernamental y varios problemas generales que enfrenta el país.

Los jóvenes en particular son una población clave que la oferta electoral deberá persuadir. Según el Tribunal Electoral son 566,414; de entre 18 y 25 años, quienes ejercerán su derecho de voto en las próximas elecciones; es decir, de acuerdo con el Padrón Electoral Preliminar, son el 20.5% del electorado. Los jóvenes son los principales afectados por los problemas de corrupción, seguridad social y educación; ya que son quienes deberán afrontar los efectos, por eso es que han tomado un rol activo en estas elecciones a través de campañas de sociedad civil y hasta llegando a postularse a cargos de elección popular para reformar desde dentro aquello que les afecta. Candidatos, partidos políticos y oficiales del gobierno deben involucrar y persuadir a los jóvenes para ganar la confianza pública y avanzar las reformas necesarias.

Otra población importante de estas elecciones son las mujeres, quienes son 50.2 por ciento de los votantes, pero solo son 16.8 por ciento  de las candidatas frente a un 83.2 por ciento de candidatos hombres. A pesar del aumento de participación de mujeres, desde la elección de 2014, es evidente la necesidad de promover la participación activa de las mujeres postulándose a cargo de elección.  

En estas elecciones hay grandes expectativas frente a las diversas propuestas de los candidatos y sus equipos para enfrentar los principales problemas del país. Por ejemplo, Panamá está viviendo un alto nivel de falta de transparencia en las instituciones gubernamentales. Después de los escándalos de corrupción transnacional que involucraron a algunos funcionarios públicos como el caso Odebrecht y casos de malversación de fondos públicos relacionados con instituciones como la Asamblea Nacional y sus diputados. Evidencia de esto es que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional puntúa al país con 37, es decir que no ha mejorado desde el último año y esta mantiene 7 puntos por debajo del puntaje promedio de la región. La falta de mejoras sustanciales en asuntos de transparencia ha aumentado la desconfianza publica en el gobierno, sugiriendo que los votantes deben expresar su demanda de mayor transparencia el 5 de mayo para iniciar reformas mayores.

Además, el sistema educativo no responde a las necesidades del empleo del país. El currículo y desempeño insuficiente no preparan a la juventud para el empleo, dejando al 58% de las empresas sin capital humano capacitado para cubrir las vacantes, colocándonos en la posición 64 de 140 países según el Índice de Competitividad Global (ICG) de 2018, elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM). Para llegar a los estándares mundiales, los ciudadanos necesitan estar más involucrado para exigir las reformas educativas necesarias.

Estas elecciones ya han visto acciones la participación ciudadana que demandan reformas. La sociedad civil organizada se ha vuelto un participante activo con campañas como “No a la reelección” para los políticos relacionados a casos de corrupción y “El Reto por la transparencia 2019” el cual busca que los candidatos presidenciales incluyan en sus planes de gobierno compromisos mínimos en materia de transparencia y lucha anticorrupción, además de proyectos como la creación del “Primer Manual Cívico Electoral de Panamá” y la plataforma “Guía de políticos”, para conocer el perfil de los candidatos a diputados.

Sin importar el resultado de las próximas elecciones, éstas se caracterizarán por desarrollarse en un contexto de demandas de reformas por la ciudadanía, reformas en diversos sectores, principalmente, reformas al sistema educativo que de lo contrario dejaría al país sin mano de obra competitiva y reformas para combatir la corrupción que de no ejecutarse dejarían la institucionalidad del país en un futuro incierto. Solo a través de mayor demanda ciudadana y candidatos dedicados es que Panamá será capaz de avanzar estas reformas necesarias después de las elecciones.