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Desafíos y oportunidades para combatir la corrupción en América Latina

La corrupción sistémica representa una de las amenazas más graves para la democracia en todo el mundo: socava las instituciones representativas, corroe el estado de derecho y diezma la confianza pública. En reconocimiento al Día Internacional contra la Corrupción, la Gerente de Programas de IRI, Rocío Martínez, entrevistó a la Dra. Delia Ferreira, Presidenta de Transparencia Internacional, para conocer su punto de vista sobre la sostenibilidad de los movimientos sociales contra la corrupción, así como los desafíos, tendencias y mejores prácticas en la lucha contra la cleptocracia en América Latina.

Antes de unirse a Transparencia Internacional, la Dra. Ferreira se desempeñó como asesora principal del Congreso de la Nación Argentina y como Presidenta de Poder Cuidando. Ha sido consultora en temas de anticorrupción para una variedad de organizaciones internacionales y es autora de varias publicaciones sobre el tema.

¿Qué le inspiró a participar en temas de promoción de la transparencia?

Mi participación en la lucha contra la corrupción comenzó hace más de tres décadas. En la academia siempre trabajé en temas relacionados con el Derecho Constitucional, las instituciones y la democracia, y cuando Argentina regresó a la democracia en 1983, comencé a trabajar en la organización de procesos electorales tanto a nivel provincial como nacional. El financiamiento político, los sistemas electorales, los acuerdos institucionales, la ética pública y la cultura democrática siempre han estado en mi agenda como investigadora, como asesora y consultora y en mi trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Promover la transparencia es defender la democracia, la inclusión, la igualdad y la libertad.

En los últimos años, la creciente desigualdad y corrupción en América Latina ha provocado una desconfianza generalizada en las instituciones gubernamentales, provocando una ola de protestas en toda la región. A menudo, estas protestas han servido como conducto para el surgimiento de movimientos sociales de base, organizados con la ayuda de las redes sociales. ¿Cómo pueden estos movimientos volverse sostenibles y continuar exigiendo cambios en medio de los desafíos del COVID-19?

La movilización social contra la corrupción a menudo responde a la exposición de escándalos de corrupción que involucran a las autoridades. La movilización en las calles es importante pero rara vez dura mucho. Lo importante es canalizar esta energía social en la fase posterior a la indignación. La participación de las personas en la lucha contra la corrupción es fundamental tanto para exigir transparencia como para brindar apoyo a quienes denuncian, investigan y adjudican los casos. Para lograr esta participación, es fundamental que las personas se den cuenta de que todos somos víctimas de la corrupción. El dinero que se desfalca, que se roba, que termina en bolsillos privados es el dinero que falta en salud pública, en educación, en infraestructura, en oportunidades para que cada ciudadano disfrute de una vida mejor.

¿Qué tendencias a la corrupción ha identificado en el año 2020 y qué sectores y/o industrias en la región se ven más afectados por la corrupción?

La infraestructura siempre ha sido uno de los sectores más afectados por la corrupción. La contratación pública en general y el financiamiento político son otras dos áreas propensas a la corrupción.

En el año 2020, por supuesto, el foco principal de la corrupción ha estado relacionado con la contratación de COVID-19. Los escándalos de contratación pública en el sector de la salud ya han dejado al descubierto múltiples informes de corrupción. En demasiados casos, la pandemia se ha utilizado (y sigue siendo) una excusa para reemplazar la supervisión rutinaria por procedimientos urgentes, auditorías débiles y falta de transparencia. La siguiente área de gran preocupación es el potencial de corrupción asociado con la compra y distribución de vacunas COVID-19.

¿Qué pueden hacer los gobiernos para garantizar que las personas puedan denunciar la corrupción de forma segura y sin temor a represalias?

Con demasiada frecuencia, las personas valientes que denuncian la corrupción se ven castigadas por hacer lo correcto. La protección de los denunciantes es clave para que las personas denuncien la corrupción. Para garantizar esta protección es necesario tener el marco legal adecuado, pero también establecer canales de denuncia confiables.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019 de Transparencia Internacional, Uruguay se ubicó en el puesto 21 de los países más transparentes de 180 a nivel mundial, el puntaje más alto de los países de América Latina. ¿Qué puede aprender la región de Uruguay?

Yo diría que, además de contar con las leyes e instituciones adecuadas, lo que ha caracterizado a Uruguay en su enfoque para hacer frente a la corrupción es un alto respeto por el estado de derecho y las instituciones, una cultura política madura y sólida y la civilidad del pueblo uruguayo.

Si bien la tecnología ha jugado un papel clave en la respuesta al COVID-19, sirviendo como vehículo para que los gobiernos aumenten la transparencia en la asignación y el uso de los recursos públicos, y para que la sociedad civil controle y responsabilice a sus gobiernos, varios casos de malversación de fondos de emergencia has salido a salido a la luz en los últimos meses, particularmente en Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas de transparencia en la región?

Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la transparencia y la integridad en la región. El uso de la contratación abierta o la digitalización de la contratación es uno de ellos. Pero por sí solo, esto no es una panacea. Tenemos que garantizar el acceso a la información, fortalecer las oficinas de auditoría, proteger la libertad de prensa y el espacio de la sociedad civil y garantizar la independencia del poder judicial. Al mismo tiempo, debemos detener la influencia indebida y proteger y fortalecer la integridad política, así como fomentar la integridad del sector privado. Para tener éxito, es esencial reconstruir el consenso sobre las normas y valores sociales fracturadas. Trabajar colectivamente en todos estos caminos permitirá a las sociedades tener el poder para rendir cuentas por el bien común. Estos son los objetivos de la estrategia de Transparencia Internacional para la próxima década.