Unos vientos frescos parecieran soplar en la capital argentina de Buenos Aires, trayendo con ellos un cambio bienvenido.  

Estuve ahí la primera semana de febrero con un grupo de funcionarios municipales de Centroamérica que participaba en un intercambio de experiencias con programas argentinos de seguridad ciudadana.  No solo existen señales de progreso en ese sector, pero también algunos cambios notables en asuntos domésticos y extranjeros. 

El 22 de noviembre del 2015, Mauricio Macri, el entonces alcalde de la capital argentina de Buenos Aires, fue elegido presidente en una elección de segunda vuelta.  Fue la primera vez que un no-radical o Peronista había sido inaugurado desde 1983 cuando Argentina emergió de la dictadura militar.  Su administración sigue a 12 años de gobernación altamente centralizada y políticas populistas establecidas por el finado presidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner.

Macri viene de una experiencia de negocios y lideró el popular equipo de futbol de Boca Juniors.  Sin embargo, sus habilidades políticas las desarrolló mientras sirvió como el ejecutivo de una ciudad que se había convertido en un tipo de experimento democrático y de descentralización.  

Tradicionalmente, los alcaldes habían sido nombrados por los presidentes argentinos hasta 1994.  Después de reformas políticas, Buenos Aires empezó a elegir sus propios jefes de gobierno.  Macri se lanzó a la alcaldía sin éxito en el 2003, pero luego ganó una curul en la Cámara de Diputados. En el 2007, ganó la alcaldía con su Propuesta Republicana, un partido pragmático de centro-derecha que Macri creó. 

Como alcalde, se enfocó en la entrega de servicios – mejorando la infraestructura, modernizando el transporte público, expandiendo las vías ciclísticas y estableciendo una fuerza de policía municipal.  Hasta ese entonces, la policía federal patrullaba la ciudad y no siempre respondía a las necesidades ni de la alcaldía ni de sus ciudadanos.  Estalló una controversia entre la ciudad y el Ministerio de Seguridad Pública sobre la jurisdicción policial.  El gobierno de Buenos Aires abogaba por más control mientras que el gobierno de Fernández de Kirchner favorecía mantener un control centralizado.  La iniciativa de Macri seguía una tendencia emergente entre las municipalidades argentinas (parcialmente el enfoque del intercambio del IRI) de crear fuerzas policiales comunitarias con más responsabilidad hacia los gobiernos locales.

Durante su campaña para la presidencia, Macri prometió reducir la pobreza a cero, combatir el narcotráfico, y unir a los argentinos.  De entrada, heredó una economía difícil, una burocracia llena de puestos políticos ficticios, redes de corrupción arraigadas, crimen organizado, problemas de tráfico de drogas ilícitas, y una política exterior que había amargado las relaciones con varias democracias occidentales. 

En un mes, Macri reorganizó el análisis y la diseminación de estadísticas nacionales para dar una imagen más precisa de la salud económica del país, permitió que el Peso Argentino flotara contra el Dólar y que así se estabilizara la tasa de cambio, y su administración despidió a miles de empleados públicos que no tenían ningunas responsabilidades discernibles o lugares donde trabajar (algunos habían sido contratados poco antes de que Fernández de Kirchner dejara su cargo), y abolió impuestos sobre exportaciones, los cuales estaban deprimiendo al sector agrícola.  Además, realineó la política exterior del país para ampliar el comercio con mercados globales y para dar más apoyo a estados democráticos en la región.  También invito a algunos opositores políticos a unirse a su administración. 

Faltan aún medidas para combatir la corrupción desde los ayuntamientos hasta los ministerios gubernamentales, mejorar la educación pública para desarrollar una fuerza laboral competitiva, combatir agresivamente el tráfico de drogas que debilita comunidades desde la frontera Boliviana hasta Buenos Aires, y reparar un sistema electoral débil que sufre de un calendario electoral confuso, poca coordinación entre sus autoridades y una gerencia débil.  Si el nuevo gobierno federal de Argentina puede avanzar con estos retos, comprobará sin duda alguna el valor de las administraciones que alternan y la noción que el gobierno puede ser parte de la solución en vez de parte del problema. 

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