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Sí o No a un Plan Triángulo Norte

La semana pasada, los presidentes de El Salvador, Guatemala, y Honduras se reunieron con el Vicepresidente estadounidense Joe Biden y con los oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo buscando fondos para combatir una ola de violencia que está plagando sus países y al mismo tiempo fomentar inversiones en el sector privado que podrían reducir la tasa de desempleo y migración.

El plan, Lineamientos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que presentaron es, en principio, una buena idea y buen comienzo.  Implica una colaboración entre  países centroamericanos afectados y Estados Unidos, país consumidor de gran parte de las drogas ilícitas y que deporta a diario jóvenes pandilleros, entre ellos miles de centroamericanos. 

Lamentablemente, lo que han elaborado hasta el momento no es completo, ni suficientemente innovador como, por ejemplo, el plan hecho entre Estados Unidos y Colombia durante la década pasada.  El plan se trata de incrementar la inversión social, fomentar el comercio, y entrenar cuerpos policiales a nivel nacional.  Un vacío obvio en ese remedio es la falta de algún componente para fortalecer procesos de gobierno a nivel local.  La calidad de gobernanza local impacta directamente a la seguridad pública y al desarrollo económico.  Es difícil atraer a nuevas empresas o fuentes de empleo a zonas con altas tasas de criminalidad.  La seguridad y la prosperidad están vinculadas.

Salvo en Guatemala, no hay nexos bien establecidos entre la ciudadanía, los municipios, y los elementos de la policía nacional asignados a los pueblos.  Por eso, los ciudadanos ordinarios de El Salvador y Honduras no sienten que tengan un papel relevante en el desarrollo de políticas y manejo de la seguridad en sus comunidades.  Incluso si las autoridades locales quisieran mejorar la situación, resultaría difícil hacerlo por estar la policía controlada por un ministerio nacional que, a sus ojos, no se preocupa por ellos.  Solo en un municipio hondureño ha superado ese arreglo gracias al establecimiento de un centro de respuesta a emergencias dirigido por la alcaldía misma.

En Guatemala, en cambio, el gobierno nacional y los municipios están elaborando un sistema de comisiones municipales de seguridad que sirven como puente entre la policía nacional, las autoridades locales, y los ciudadanos.  Esto significa un paso positivo.  Es decir, al eregir un mecanismo de consulta ciudadana el nivel de confianza en las autoridades podría incrementar. Una mayor participación ciudadana puede permitir una mejor fiscalización de los procesos de la aplicación de la ley.  Mayor efectividad en la aplicación de la ley resulta en mayor seguridad ciudadana y en menor incentivo para migrar.

Otra necesidad es mejorar la calidad de la gestión municipal. Muchas veces las autoridades carecen de formación académica y de preparación para la administración pública. Al menos, los tres países cuentan con asociaciones municipales a nivel nacional pero se enfocan poco en acercarse al gobierno nacional y en la capacitación de sus miembros.  La falta de capacidad les hace vulnerables a las presiones de bandas criminales y a su extorsión por estas y otras redes de corrupción.  En México, entre los partidos políticos, en particular el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha iniciado talleres para capacitar alcaldes recién elegidos.  En Centroamérica, los partidos realmente no tienen la capacidad de hacerlo, aunque algunos tienen centros de estudios que proporcionan análisis sobre políticas públicas.  Sin embargo, hay centros donde este tipo de capacitación podría realizarse, como el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), o también en consultas comunidad por comunidad.

Por su parte, el Instituto Republicano Internacional ha desarrollado un paquete de mejores prácticas que las autoridades municipales pueden implementar para pulir su gestión como programas de participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas, presupuestos participativos, gestión inteligente para mejorar la comunicación entre autoridades y ciudadanos, rendición de cuentas, y cuadros para la formación de consejos vecindarios para retomar control de las calles.  Hemos tenido buenos resultados, pero trabajamos municipio por municipio.  Y en cada uno de los países en el Triángulo Norte hay aproximadamente 300 municipios.

Sin concentrar esfuerzos en facilitar la participación de ciudadanos en las decisiones que les afectan, sin dar forma y tamaño a las vecindades para negar espacio para actividades criminales, sin crear comunicación entre la ciudadanía-autoridades municipales-policías, cualquier inversión de dinero tendrá poco impacto.  Si existen flujos migratorios, hay que preguntarse ¿Por qué?  Si la respuesta es la falta de seguridad personal, hay que aplicar remedios dirigidos a paliar esos problemas.  En este caso estamos hablando de la inseguridad que existe en las comunidades locales.  Para incluir esta perspectiva, el Plan Triángulo Norte necesita más elaboración. 

Posted by

Stephen Johnson

Division Director, Latin American and the Caribbean