Recobrando a Buriticá para reinsertarla en el Estado

  • Gabriela Serrano

No es común que noticias de un pueblo pequeño, de apenas 2,000 habitantes en su mayoría campesinos, lleguen a los medios nacionales y se mantengan ahí por dos semanas. Todo comenzó a mediados de abril, cuando el ejército y la policía montaron un operativo militar que, según las noticias, requirió de 1.500 efectivos para cerrar las minas ilegales de oro en los alrededores de Buriticá.

La mayoría de los habitantes de este pequeño municipio localizado en las montañas de Antioquia viven en la zona rural, ajenos a los efectos que la minería ilegal pone sobre los pobladores urbanos, esos 2,000 habitantes que tuvieron que encerrarse en sus casas mientras el pueblo era tomado por los efectivos militares para “recobrarlo”. Se decretó ley seca, se cerraron los bares, prostíbulos y galleras, negocios que proliferaron en el municipio con la llegada de los mineros ilegales. Según los medios de comunicación las prostitutas del pueblo pueden llegar a ganar alrededor de siete millones de pesos semanales, el equivalente a dos mil trecientos dólares. El salario mínimo mensual en Colombia es de 690,000 pesos, unos doscientos treinta dólares. 

En los primeros días del operativo se controló la salida y entrada de vehículos al municipio. En la intersección de El Pinguro hay un puesto de policía que controla la entrada hacia Buriticá desde la carretera principal. Este puesto de control fue atacado en marzo durante el paro armado decretado en esa zona del país por la banda criminal más grande en Colombia, el Clan Usuga, con un saldo de cuatro uniformados heridos.  Desde la intersección hay unos ocho kilómetros de camino asfaltado, estrecho, mayormente transitado por moto taxis que bajan y suben a los pasajeros, muchos de ellos mineros ilegales que aún no han comprado su propia moto. El atuendo de los mineros se caracteriza por botas de hule, casco, y generalmente estar  llenos de polvo por el trabajo dentro de las minas. En el camino hacia Buriticá se observan construcciones hechas casi en el precipicio que sirven de estacionamiento a cientos de motos. Estos estacionamientos indican la cercanía de una mina en operación.  

Cuando se habla de los mineros ilegales en esta zona no hay datos concretos sobre el número que ellos representan; los números de esta población flotante que baja a Buriticá a hacer minería ilegal oscila entre 5,000 – 15,000, dependiendo de la temporada. Cuando se corre la voz de que se encontró una veta en las excavaciones la población minera en el territorio se incrementa. El municipio ha tenido que responder a la demanda de esta población flotante que requiere salud, alimentación, distracción (ya lo mencionamos arriba) y alojamiento. Muchas casas de habitación se dedican ahora a alquilar cuartos o espacio para estos nuevos inquilinos. Muchos han decidido ampliar sus casas construyendo más pisos hacia arriba. Buriticá está en una pequeña meseta donde ya no hay terrenos para crecer hacia los costados. A simple vista, estas construcciones carecen de rigurosidad técnica y aparentemente no cuentan con permisos requeridos. Esta situación se ve agravada por la falta del Plan de Ordenamiento Territorial, una herramienta fundamental para la organización y desarrollo del territorio.

Así mismo la proliferación de los entables o molinos donde se procesa la materia que se extrae de los socavones, y luego es tratado con arsénico o mercurio para extraer el mineral, se ha localizado en los alrededores de la ciudad. El carecer de un plan territorial afecta la capacidad del municipio de controlar la existencia de estos entables y su localización. A mediados del 2015, la Gobernación de Antioquia declaró una alerta temprana por la contaminación del aire y algunas fuentes hídricas del municipio.  

Sin duda alguna  la presencia de la fuerza pública en Buriticá era necesaria para recuperar el municipio. Sin embargo, esta presencia es temporal y no garantiza la llegada del Estado colombiano que es lo que los ciudadanos de este municipio necesitan para reconciliarse con el estado y entre ellos.  Para garantizar el digno acceso a la salud, la educación, la seguridad, el derecho de los pobladores a trabajar y caminar en paz en su ciudad es necesario de un trabajo conjunto, coordinado entre las diferentes entidades del Estado, fortaleciendo a la administración local para que lidere un proceso de desarrollo concertado entre sus pobladores, donde la vocación minera del municipio sea la plataforma de desarrollo.

El programa que el Instituto realiza en Colombia esta dirigido a apoyar instituciones del orden nacional y local en el fortalecimiento de la capacidad del Estado para garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en territorios complejos como Buriticá, de manera tal que se recobre la confianza en las instituciones y exista de parte de la sociedad civil una participación  responsable y proactivamente en el desarrollo. 

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